Dos exsecretarios de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, uno de ellos exembajador en Italia, fueron condenados a 63 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por haber interceptado de manera ilegal las comunicaciones y las oficinas de magistrados de esa corporación.

Una sala de conjueces de la CSJ ratificó así una decisión de 2021 del Tribunal Superior de Bogotá, que los condenó por considerar que César Mauricio ‘el cura’ Velásquez y Edmundo del Castillo conspiraron para desprestigiar a la Corte, que en 2007 investigaba la alianza de políticos y paramilitares.

El nombre de Iván Antonio Mantilla Gaviria, exviceministro de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) de Iván Duque fue citado de nuevo como comprometido en el escándalo de Centros Poblados, relacionado con el robo de 70 000 millones de pesos destinados a las escuelas más pobres del país.

Según el semanario Cambio, a cambio de beneficios penitenciarios, el corrupto abogado y empresario Emilio Tapia Aldana, delincuente dedicado a contratar con el Estado y protagonista del escándalo, prometió a la Fiscalía General de la Nación (FGN) entregar los nombres de tres altos funcionarios de Duque involucrados.

La ex Alta Consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, 47, arriesgó 30 años de cárcel, a los que iría pronto, y negó los cargos que le formuló la Fiscalía General de la Nación (FGN) por su participación en un esquema corrupto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ortiz, de Paz de Río (Boy), está acusada de lavado de activos y tráfico de influencias, luego de ser señalada como la mensajera que llevó 3 000 millones de pesos de un soborno al entonces presidente del Senado y del Congreso, Iván Leónidas Name Vásquez.

Olmedo de Jesús López Martínez y cinco de sus cómplices admitieron que son criminales, a cambio de ir pocos años a la cárcel acusados del gran escándalo de corrupción con contratos por 228 000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que él dirigía.

Los otros cinco, del gran grupo de comprometidos, todos de alto vuelo político, son el segundo de López, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector general de la Ungrd; el tercero en la Ungrd, Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo; Pedro Andrés Rodríguez Melo, Asesor General de la Ungrd; Luis Eduardo ‘el pastuso’ López Rosero, cabeza de un grupo empresarial corrupto, y Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado de Barreto y sobornador.