El Gobierno del presidente Gustavo Petro llamó a su embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Armando Alberto Benedetti Villaneda, para que explique lo ocurrido en un hotel de Madrid con su esposa, Adelina Guerrero Covo.

Según fuentes oficiales españolad, Benedetti agredió verbalmente a su esposa, en un episodio en el que pudo llegar la agresión física, gracias a la intervención de testigos, que la evitaron.

Al senador conservador Carlos Andrés Trujillo González le quitaron el biombo detrás del cual permanecía agachado en la investigación del escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Lo hizo Carlos Alberto Carrillo Arenas, actual director de la Ungrd, extrañado porque nadie había mencionado el nombre de Trujillo, un poderoso senador que, al parecer, es el jefe político de Olmedo de Jesús López Martínez, principal inculpado por la Justicia.

Carrillo se pregunta por qué, durante el proceso, López y su segundo en la Ungrd, Sneyder Auguto Pinilla Álvarez, acusan a varios congresistas, entre ellos a los presidentes del Senado y de la Cámara, y a altos funcionarios de la Casa de Nariño, pero nunca han dicho una palabra sobre Trujillo, exalcalde de Itagüí.

Ya no son dos, los presidentes del Senado, el verde Iván Leónidas Name Vásquez, y el de la Cámara, el liberal Andrés David Calle Aguas.

Ahora son nueve congresistas, y a todos los investiga la Fiscalía General de la Nación, por el esquema de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Los otros siete son el verde Juan Diego Muñoz Cabrera, los conservadores Wadith Alberto Manzur Imbett y Liliana Esther Bitar Castilla, los liberales Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo Maya, Julio Elías Chagüí Flórez, del partido de La U, y Karen Astrith Manrique Olarte, de las curules de paz.

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Alberto Carrillo Arenas, sostuvo que, en su consideración, la supuesta corrupción en el organismo que dirige no comenzó con su antecesor Olmedo López.

Así reaccionó luego de conocerse un informe de la Contraloría General de la Nación, que habla de irregularidades por unos 5 billones de pesos en la contratación de los últimos cuatro años en la Ungrd.

Carrillo dijo que se puso a disposición del órgano de control fiscal para adelantar esas pesquisas.“

Sin duda son millonadas, las que ha perdido la tesorería de Medellín por las mentiras del alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, alias ‘Fico’, para enlodar a Daniel Quintero Calle, que la Justicia lo obligó a admitir.

Tuvo que admitir que mintió cuando dijo que una auditoría forense encontró al menos 501 hallazgos de corrupción presuntamente cometidos durante la alcaldía de Calle.

Al aceptar que mintió, 'Fico' permite ver con claridad de qué clase de persona es.

La rectificación, que avergüenza a cualquier persona, menos al alcalde de Medellín, ocurrió al contestar una tutela del congresista del movimiento Pacto Histórico, David Alejandro Toro Ramírez, en la que, en 156 puntos, pidió a alias ‘Fico’ el informe completo de la auditoría forense y la constancia de los traslados a los organismos de control.

El alcalde dijo en su acusación que se habían detectado 501 hechos de presunta corrupción en el Conglomerado Público de Medellín, de los cuales 262 están en poder de la Procuraduría y Personería de Medellín, 156 bajo investigación de la Contraloría y 83 en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Gutiérrez destacó que estos hallazgos fueron detectados en los primeros dos meses de su administración.

“Será muy importante que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría se encarguen de esto. Solo espero que se haga justicia porque Medellín fue saqueada”, sostuvo Gutiérrez en ese momento.

Las diligencias judiciales propiciadas por la actitud irresponsable de ‘Fico’ han costado millonadas al erario.

La decisión de Toro de utilizar su derecho de petición restringiendo a la mitad el plazo de respuesta, de 10 días, generó un amplio debate.

Pero la Justicia avaló la decisión del congresista, y obligó al alcalde a responder.

El fallo a favor de Toro determinó que no existieron pruebas suficientes para comprobar la auditoría, de la que ‘Fico’ hizo amplia publicidad, y que en realidad se trató solo del informe de empalme.

“En segunda instancia, un juez de nuevo nos da la razón. Federico Gutiérrez mintió con la tal auditoría forense. Ratifican que no fue una auditoría forense sino simplemente una auditoría de empalme”, afirmó.

El representante agregó que en el documento, el juzgado asevera que Gutiérrez debió contrastar la información con las explicaciones respectivas por parte de la administración Quintero.

Sin embargo, esto no habría sucedido.

“Ahora también le reclama porque antes de hacer estas aseveraciones no le preguntó a las personas involucradas acerca de sus conclusiones. Repito, ganamos en segunda instancia la tutela de Federico Gutiérrez y sus mentiras”, añadió.

“(...) la actividad realizada por la administración no es como tal un ‘informe de auditoría forense’, sino que se ‘ejecutó en el marco del proceso de empalme y de la Ley 951 de 2005′, derivándose en un documento o insumo, del que aún no se entiende si fue suscrito por un funcionario en particular o varios, y si es así, quienes serían los responsables de la información recopilada, y si al tratarse precisamente de hallazgos como se itera aseveró la accionada dentro del proceso de empalme, en dicho proceso se cumplió o no con la normatividad referida, concretamente el parágrafo del artículo 13, y la justificación para ello”, se lee en el documento judicial compartido por Toro.

El documento deja claro que ‘Fico’ no aportó pruebas para justificar que la auditoría forense deba permanecer en reserva legal, y tampoco especificó las actuaciones encontradas ni los datos que podrían afectar posibles investigaciones de los entes de control.

Además, sus respuestas fueron vagas, según el mencionado escrito, por lo que el juez cuestionó si el documento ‘informe en el marco del proceso de empalme’ fue suscrito por uno o varios funcionarios. “¿Quiénes serían los responsables de la información recopilada?”, puntualizó Toro.

A pesar de que Quintero se encuentra fuera del país y alejado de las redes sociales, no dudó en repostear un logro que lo ‘libraría’ de algunas acusaciones hechas por su sucesor Gutiérrez.

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