Al alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez le fue mal en la instalación de unas sesiones extraordinarias del Concejo de Medellín, convocadas para discutir la venta de la telefónica Tigo-Une, del municipio.

La sesión se desarrolló en medio de gran tensión, y durante ella, desde las tribunas del Concejo, ciudadanos del común y organizaciones sindicales le gritaron a Gutiérrez “!Une no se vende!”, “!Fícaro, pícaro!, y otras consignas.

No es necesaria encuesta alguna para convencerse de que, en muchos aspectos, Bogotá va de mal en peor desde hace pocos meses.

Desde luego, es una realidad que se anticipaba desde cuando Carlos Fernando Galán fue elegido alcalde. Incluso, desde cuando lanzó su candidatura.

Seis meses después de asumir el cargo, la imagen favorable de Galán es de solo 47 por ciento, según encuesta patrocinada por un diario bogotano. En abril, una investigación similar daba 59 por ciento.

Veinte años después, se demuestran dos cosas: primera, que a la bananera multinacional estadounidense Chiquita Brands le salió 22 veces más caro el millón 700,000 dólares que pagó a los paramilitares colombianos de Urabá, y segunda, que a la corrupta justicia colombiana, Chiquita Brands le quedó muy grande.

En cuanto al dinero, la bananera pagó entre 1997 y 2004 a los paramilitares de Carlos Castaño, por una supuesta amenaza a su personal y a sus intereses, algo que, en realidad, se convirtió en una oleada asesinatos de inocentes en Urabá y Magdalena Medio.

Pero, un tribunal del Distrito Sur de Florida, declaró responsable a la multinacional de los asesinatos de nueve personas que integran un primer grupo de víctimas por las que sus familias reclaman.

Como consecuencia de la responsabilidad en los crímenes, el Tribunal ordenó a Chiquita Brands pagar 38,3 millones de dólares a los parientes de ocho asesinados.

Así, el tribunal de Florida pudo fin a un proceso en 2007, cuando la empresa confesó que había pagado a Castaño y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización considerada terrorista por el gobierno de Estados Unidos.

Aunque en Estados Unidos la empresa se llama United Fruit Company, el tribunal y los acusadores de las víctimas demostraron que las dos empresas son una sola.

La corte determinó que durante el juicio civil, la bananera no demostró que los pagos a las AUC fueron resultado de una “amenaza ilegal e inminente” por parte de Castaño, ni comprobó que @no tenía otra alternativa razonable m[[as que la de “proporcionar asistencia a las AUC”, actividad esta que, según el Tribunal, constituyó una actividad peligrosa que derivó en asesinatos en serie.

En síntesis, para el tribunal, nunca existió la extorsión que argumentó la bananera como razón para dar dinero a las AUC.

Luego de darse a conocer el fallo, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, consideró en la red social X que "esta condena es una reivindicación para las víctimas de la multinacional".

También el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, manifestó que, si bien este fallo es importante, aún falta "que la justicia colombiana proceda y condene a las empresas que eran filiales de Chiquita".

Por su parte, Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del departamento caribeño de Magdalena, donde también hay grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo del banano, expresó en la red social X que "el apoyo de esos empresarios, con más de 1,7 millones de dólares, les permitió a los paramilitares aumentar su presencia en el Magdalena y el Urabá, donde asediaron a las comunidades y dejaron en varias zonas un modelo de producción proclive al narcotráfico.

Pero, mientras la justicia estadounidense condena sin miramientos a una multinacional estadounidense, en Colombia, a la Justicia, venal, corrupta y perezosa, el caso de Chiquita Brands le quedó muy grande.

Si bien hay altos ejecutivos de la bananera involucrados en un proceso judicial por el mismo caso, nada ha ocurrido con ellos, y no hay señales de que vaya a ocurrir algo pronto.

Entre los acusados está Álvaro Acevedo González, gerente y representante legal de Banadex, la principal filial de Chiquita Brands, entre 2001 y 2004.

También figuran:

Víctor Manuel Enríquez, presidente ejecutivo de la bananera Banacol, empresa que la Fiscalía considera filial de Chiquita, pero la firma lo niega y sostiene que solo compró la operación en Urabá.

Víctor Julio Buitrago Sandoval, jefe de seguridad de Banadex para las regiones de Santa Marta y Urabá, desde 1999 hasta 2004.

John Paul Olivo, estadounidense, contralor de Chiquita Brands para Norteamérica y contralor para Bandex, desde 1996 hasta 2001.

Charles Dennis Keiser, director de operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000.

Fuad Alberto Giacomán Hasbún, hondureño, excontralor de Chiquita Brands en Colombia, desde 2002 a 2004.

José Luis Valverde Ramírez, costarricense, exrepresentante legal de Bandex, entre 2000 y 2002.

Jorge Alberto Cadavid Marín, vicepresidente financiero de Banacol, entre 1993 y 2008.

Javier Ochoa Velásquez, exgerente de planeación y proyectos de Banacol hasta 2004.

Jaime Alberto Vásquez, el veedor social más caracterizado de Cúcuta en la última década, fue asesinado este domingo de tres balazos por un pistolero que lo atacó delante de numerosos testigos, cuando llegaba a un restaurante a desayunar.

Al agresor lo esperaba una mujer en motocicleta. Ambos huyeron.