Por Dr. Polito
Nadie más perverso y repugnante que un dirigente de derecha. Y, en este aspecto, los de Colombia se llevan la medalla de oro con mucha ventaja.
Todos los dirigentes de esa mafia, porque la derecha lo es, se opusieron con todos los recursos, legales e ilegales, absurdos y descabellados, al justísimo reajuste de 23,7 por ciento del salario mínimo que decidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Lanzaron amenazas de todo tipo y previsiones de que, con la decisión de Petro, lo mejor era ir buscando otro país a donde ir, pues Colombia entraba en agonía, si es que ya no había desaparecido.
Desde luego, a estos bellacos políticos los apoyaron los avaros y usureros empresarios, que, en su casi totalidad, son incluso más radicales.
Negar los derechos fundamentales de los más pobres, de los trabajadores y, en general, del pueblo, es la razón de ser de la derecha. Y con mayor razón de la colombiana. De nuestra ultraderecha, en realidad.
Vinieron las demandas contra la medida de Petro, todas con el respaldo de políticos y empresarios, hasta que lograron que un magistrado del Consejo de Estado suspendiera el decreto presidencial.
Entonces, comenzó el obsceno desfile de la hijueputez (el término no aparece en los diccionarios, pero todos sabemos qué significa), y, casi en patota, los candidatos de la derecha a la presidencia y al Congreso, casi que a dentelladas se disputaban cámaras y micrófonos para rechazar la decisión del Consejo de Estado.
Se mostraban escandalizados con la decisión del magistrado y se declaraban defensores de primera línea de los derechos del pueblo.
Hablaban de atentado contra la Constitución, contra los derechos de los trabajadores, de violación de principios como la imposibilidad legal de rebajar los salarios, y de la necesidad de que, por lo menos, se mantenga lo decidido por Petro.
Echaron mano, ahora sí, al concepto de derechos adquiridos, algo que siempre han atropellado sin siquiera sonrojarse.
Las razones de estos malnacidos defensores de los pobres son claras: se acercan las elecciones, y oponerse a la decisión del Consejo de Estado es dar pie a que sus votantes sean menos de los necesarios para ser elegidos.
Pero, infortunadamente para ellos, los colombianos los conocen de vieja data, saben cómo actúan estos miserables, cómo engañan (engañaban, realmente) a quien se les ponga por delante, como traicionan por oficio, como buscan siempre robar el dinero del Estado, que es el de todos.
Un ejemplo: la corrupta senadora María Fernanda Cabal atacó, con patas y manos, el alza salarial de 2026. Fue de quienes pronosticaron la fallida muerte del empresariado.
Ahora, cuando necesita que el Centro Democrático (CD), su partido, no pierda tantos votos como todo lo indica, defiende el reajuste del 23,7 por ciento. “Soy una convencida de que los trabajadores tengan mejores ingresos”, dice la vieja. Y tan campante.
Pero, mientras ella dice lo que dice, su primo, Jaime Alberto Cabal, el presidente de Fenalco, insiste en que no acepta esa alza (Así juegan las familias que se creen dueñas del país: están con Dios y con el diablo, porque de todos modos se benefician).
A la derecha colombiana la mantiene en pie la ignorancia política de los votantes que la respaldan, ignorantes de lo que significa estar en el lado equivocado de la historia.
Para ellos, esta verdad: si es de derecha, es corrupto; si es corrupto, es de derecha
